EL IMPUESTO QUE NADIE QUIERE PAGAR

La verdad oculta detrás de Temu, Aliexpress, Shein.

En los últimos meses, una queja se ha vuelto recurrente en las sobremesas y en las redes sociales colombianas: «¿Por qué ahora me van a cobrar impuestos por comprar en Temu o Shein?». La indignación es genuina. Durante años, millones de colombianos encontraron en estas plataformas un refugio contra la inflación, la posibilidad de acceder a ropa, tecnología o accesorios a precios que parecían irreales. La lógica del consumidor es simple y comprensible: «Yo solo compro una cosita, no es justo que me cobren el 19% de IVA».

Sin embargo, la suma de esas «cositas» individuales ha creado un monstruo fiscal y económico que el Estado colombiano ya no puede ignorar. Mientras el ciudadano de a pie siente que el nuevo impuesto es un golpe a su bolsillo, la realidad macroeconómica revela una hemorragia silenciosa que está asfixiando a la industria nacional, destruyendo empleos formales y dejando al país sin recursos vitales para funcionar. La crítica ciudadana es válida, pero la contracrítica es urgente.

La noticia: ¿Qué pretende hacer el Gobierno?

Para entender el debate, primero hay que aclarar qué dice la letra menuda del proyecto de Ley de Rescate Económico. El Gobierno nacional no busca prohibir Temu, Shein, AliExpress o Amazon. Tampoco busca cerrar las fronteras al comercio electrónico. Lo que propone es eliminar una exclusión tributaria que, en la práctica, se ha convertido en un enorme hueco fiscal.

Actualmente, las importaciones de bajo valor (el llamado régimen minimis) gozan de un trato preferencial. La propuesta del Ejecutivo busca que las compras que ingresen por tráfico postal o envíos urgentes empiecen a pagar el IVA del 19%, tal como lo hace cualquier producto que se compra en un almacén de barrio. La medida, radicada en el Congreso, pretende nivelar la cancha. No es un cobro retroactivo ni una medida que afecte a todos los paquetes por igual; pero sí es un cambio de reglas que busca que la gigantesca ola de importaciones que llega al país empiece a aportar a las arcas públicas.

Primer núcleo: La crítica de la gente («Solo es una cosita»)

Para entender el rechazo a la medida, hay que ponerse en los zapatos del comprador. La crisis económica ha obligado a las familias a buscar alternativas. Un artículo que en un centro comercial local cuesta 150.000 pesos, en Temu puede costar 40.000. Para un hogar con ingresos ajustados, la diferencia no es un lujo, es la posibilidad de comprar más por menos.

La crítica popular, que resuena con fuerza en redes sociales, sostiene tres puntos principales:

  1. «Es un castigo al pobre»: La gente siente que el Gobierno, en lugar de perseguir al gran capital o a los evasores de siempre, prefiere meter la mano en el bolsillo del ciudadano que solo quiere un par de zapatos para sus hijos.
  2. «El Estado es ineficiente»: Existe una profunda desconfianza. Los colombianos se preguntan para qué pagar más impuestos si la salud, la seguridad y las carreteras siguen mal. Bajo esta lógica, la evasión o la informalidad se ven como un acto de «justicia» personal.
  3. «Yo compro es poquito»: La percepción es que un paquete de 50.000 pesos no le hace daño a nadie. El ciudadano no ve la foto completa, solo ve su transacción individual.

Segundo núcleo: La contra crítica (La realidad de los billones de pesos)

Arturo Calle

Aquí es donde Contra crítica pone los puntos sobre las íes y confronta la queja individual con la matemática. El problema no es el ciudadano que compra un artículo, sino la escala masiva de este fenómeno y la ausencia total de tributación.

Las cifras son aterradoras. Según datos del sector comercio, solo Temu ingresa diariamente 100.000 paquetes a Colombia. El ticket promedio de compra en estas plataformas ronda los 240.000 pesos, y en el caso de Shein asciende a 350.000 pesos por transacción.

Si hacemos una proyección simple: 100.000 paquetes diarios multiplicados por un valor conservador de 200.000 pesos representan 20.000 millones de pesos diarios en mercancía que entra al país. Al año, esto equivale a billones de pesos en transacciones que, en su gran mayoría, no pagan un solo centavo de IVA. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) ha estimado que la pérdida fiscal por el IVA que no se recauda en estas compras de bajo valor supera el billón de pesos anuales.

Ese dinero no es un abstracto: son los recursos que financian hospitales, escuelas, la seguridad y el funcionamiento del Estado. Si el Estado no recauda por esta vía, tendrá que buscar el dinero en otra parte (como una nueva reforma tributaria que golpee a todos) o recortar el gasto social. No existen los impuestos «invisibles»; alguien siempre termina pagando la cuenta.

Tercer núcleo: El impacto oculto (Empleos colombianos que se desangran)

El daño más profundo no está en las arcas del Estado, sino en el tejido productivo del país. La competencia de plataformas como Temu, Shein y AliExpress no es leal: ellas no pagan arriendos en Colombia, no pagan nómina local, no pagan impuestos de industria y comercio, y no asumen las cargas parafiscales que sí enfrenta el comerciante colombiano.

El resultado es devastador. El empresario Arturo Calle ha denunciado públicamente que la competencia de estas plataformas lo ha llevado a eliminar cerca de 2.000 empleos en sus plantas de producción. No es un caso aislado. Según datos del sector, en 2024 la industria textil y de confecciones registraba alrededor de 490.000 empleos, de los cuales 406.000 correspondían a confecciones. Cada paquete que llega de China sin impuestos es un clavo más en el ataúd de una industria que emplea a cientos de miles de familias colombianas.

Los gremios han sido claros: «Por cada paquete se pierde un empleo». Y el impacto no se limita a la ropa. La ferretería, la marroquinería, los accesorios tecnológicos y hasta los juguetes locales están siendo desplazados por productos que ingresan al país con una ventaja tributaria que raya en lo absurdo.

El dilema de los impuestos: ¿Un mal necesario o un abuso?

La crítica de la gente es que «los impuestos son muy altos». Pero la contracrítica es que los impuestos son el precio de vivir en sociedad. Colombia tiene una de las tasas de recaudo más bajas de la OCDE. Sin IVA, no hay Estado. Sin Estado, no hay policía, ni jueces, ni carreteras, ni hospitales públicos.

El proyecto de Ley de Rescate Económico no busca prohibir Temu ni Shein. De hecho, las plataformas seguirían operando con normalidad. Lo que propone es eliminar una exclusión tributaria que ya no tiene justificación económica en un mundo donde el comercio electrónico transfronterizo mueve miles de millones de dólares. La exclusión del IVA para paquetes de bajo valor se creó en una época en la que comprar en el exterior era un lujo de pocos y no representaba una competencia real para la industria local. Hoy, la realidad es otra.

El umbral de los 200 dólares (que ya fue reducido temporalmente a 50 dólares mediante decretos de emergencia) es un parche que no resuelve el problema de fondo. Mientras exista un beneficio tributario para el paquete pequeño, las plataformas seguirán fragmentando los envíos para evadir el control aduanero.

Conclusión: Más allá del bolsillo

Es fácil gritar «¡No al IVA!» cuando se ve el precio final incrementado. Pero es necesario elevar la mirada. ¿Queremos un país donde el comercio formal y el empleo digno sean la norma, o uno donde la única opción sea comprar productos importados que no generan valor local?

El ciudadano que compra en Temu tiene razón en su frustración por el costo de vida. Pero el trabajador de la confección en Pereira, que ve cómo su empleo desaparece, también tiene razón. El Estado, que necesita recursos para la inversión social, también tiene razón.

La salida no es la impunidad fiscal para las grandes plataformas globales, sino un equilibrio inteligente: que paguen lo justo por operar en Colombia, que compitan en igualdad de condiciones con el productor nacional y que el recaudo se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía. Mientras tanto, la próxima vez que compre «una cosita» en Temu, recuerde que ese precio bajo tiene un costo oculto que alguien más está pagando: el empleado colombiano y el Estado que necesita recaudar para funcionar.

La crítica es legítima, pero la contracrítica es necesaria. El debate no es sobre el IVA; es sobre qué tipo de país queremos construir.